El jueves pasado, un grupo de criminales atacó una torre de alta tensión de Minera Poderosa. Este hecho se atribuye a delincuentes financiados por la minería ilegal. El Perú, minero desde sus orígenes, ha sufrido muchos contratiempos en la materia. Uno de ellos es la propia actividad extractiva, liderada por empresas legales, pero informales. Es decir, empresas que durante años, por inexperiencia, avaricia, indiferencia o quién sabe qué otra motivación, realizaron sus actividades sin tener en cuenta el impacto ambiental y social de la misma.
Años de esa mala minería generaron en el Perú una fuerte corriente antiminera que buscaba la protección del agua y los suelos fuertemente contaminados. Esa tradición de minería irresponsable, sumada a intereses subrepticios de líderes antimineros, bloqueó decenas de proyectos que perfectamente podrían haberse realizado en los tiempos actuales, donde la responsabilidad ambiental y social ha cambiado y que, sin ser perfecta, tiene mejores prácticas y reduce considerablemente esas externalidades negativas.
Pero el hecho de que una concesión minera no pueda realizarse formalmente por una empresa minera, no significa que no vaya a ser explotada. Y ahí entra la minería ilegal. Si ya una empresa minera formal es tremendamente rentable, imagínense cuán rentable es un negocio informal e ilegal, que no paga impuestos, que no invierte en tecnología y que no tiene que preocuparse por el daño ambiental y social.
Pues así de multimillonarios son los negocios ilegales, que para poder existir requieren dos cosas: violencia y corrupción. Y en el Perú, van ganando. Ganan porque tienen poderosos aliados en la política, en la justicia y en las fuerzas del orden; aliados que miserablemente cierran los ojos mientras estiran la mano, permitiendo que el Perú sea entregado a bandas criminales que terminan siendo el poder detrás del poder.
Columna publicada en Diario Perú21
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